Desde esta área trabajamos en la producción de conocimiento para colaborar en la formulación de políticas públicas basadas en la evidencia y para generar información confiable que sea de interés de la ciudadanía y fomente el ejercicio de sus derechos, especialmente en materia de pobreza y empleo.

En el entendimiento del género como categoría analítica transversal a las políticas públicas, trabajamos incorporando la variable de género a las temáticas que aborda el CEG, a fin de propiciar que las políticas públicas que se implementan tengan perspectiva de género.

Nos proponemos trabajar en la producción de conocimiento y recomendaciones para contribuir con el quehacer estatal, propiciando un trabajo colaborativo que procure acercar el Estado a la ciudadanía y posicionar temáticas en la agenda estatal de interés ciudadano.

Esta línea de trabajo busca propiciar el ejercicio al derecho a la ciudad entendido como el derecho al «buen vivir», restaurando el sentido de ciudad y haciendo de la ciudad el escenario de encuentro para la cons- trucción de la vida colectiva.

Alentamos la construcción de una ciudadanía activa e informada. Para ello trabajamos propiciando la participación de todas las personas en la vida pública y en los quehaceres del Estado, sobre la base de reconocer la importancia de un Estado cercano a la comunidad y la construcción de consensos.

Alentamos la construcción de una ciudadanía activa e informada. Para ello trabajamos propiciando la participación de todas las personas en la vida pública y en los quehaceres del Estado, sobre la base de reconocer la importancia de un Estado cercano a la comunidad y la construcción de consensos.

Esta línea de trabajo tiene como objetivo propiciar la incorporación de la variable diversidad en las instituciones, entendiendo que las mismas deben reflejar las relaciones sociales imperantes en la comunidad y ser respetuosas de los derechos humanos de todas las personas, sin discriminación.

Nos proponemos el abordaje integral sobre el sector de las TICs analizando sus implicancias tecnológicas, económicas y jurídicas sin perder de vista su función principal que es la de garantizar el acceso a la información, la pluralidad de voces y la protección de derechos.