Alianza Provincial contra el Cambio Climático – Ordenanza modelo de promoción del desarrollo local de microbosques

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Desde el Centro de Estudios para la Gobernanza, en conjunto con organizaciones de la sociedad civil, como el Centro de Estudios e Investigaciones Platenses, o Sumak Kawsay La Plata, queremos colaborar con los Estados, a nivel local, en miras a implementar acciones tendientes a mitigar el impacto del cambio climático.

Diversas agencias nacionales e internacionales advierten sobre el impacto de la huella humana en lo que concierne al incremento de los gases de efecto invernadero (GEI). Los niveles de concentración de GEI a nivel atmosférico terrestre se encuentra directamente relacionada a la temperatura media mundial de la tierra. Asimismo, los niveles de concentración han aumentado en forma progresiva desde la Revolución Industrial y, en consecuencia, ha incidido en el incremento paulatino de la temperatura del planeta.

El GEI de mayor presencia constatada (dos tercios de todos los tipos de GEI), es el dióxido de carbono (CO2), resultante de la combustión de energías fósiles. Al respecto, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU, en su Quinto Informe de Evaluación da cuenta de cómo, de 1880 a 2012, la temperatura media mundial aumentó 0,85 grados centígrados.

Los/as expertos/as advierten respecto al calentamiento de océanos, y la disminución de cantidades de hielo y nieve. Lo expuesto, deriva en estimaciones que aumentos sostenidos del nivel medio del mar, cuya estimación resulta alarmante. Se espera un incremento de entre 24 y 30 centímetros para 2065; y de 40 a 63 centímetros para 2100; tomando como período de referencia el de 1986-2005. El panorama resulta estremecedor. Existen previsiones que afirman que podríamos haber alcanzado o sobrepasado puntos de inflexión términos que propiciarán cambios irreversibles en ecosistemas y el sistema climático global.

En dicho sentido, durante el año 2018, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU publicó un informe especial sobre los impactos del calentamiento global a 1,5 grados centígrados . En dicho sentido, desde el mismo se promueven acciones cuyo compromiso está orientado a construir sociedades sostenibles, equitativas, con prevalencia de justicia social y justicia ecológica.

Así, mientras los estudios previos situaban el foco en determinar los daños que ocasionaría un incremento térmico de 2 grados centígrados, el informe especial 2018 busca concientizar en cómo gran parte del impacto se producirá incluso, con una reducción de 0,5 grados centígrados el fenómeno (es decir, con un incremento de 1,5 grados centígrados).

De esta forma, en afán de limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados, resulta imprescindible forjar transiciones rápidas y de alto impacto que alcancen, la agricultura, el manejo de biomas y ecosistemas, los modelos industriales, las edificaciones, el transporte, las ciudades, así como nuevos patrones de consumo basados en la consolidación de dinámicas propias de la economía circular.

En efecto, el Objetivo de Desarrollo Sostenible N° 13, recepta la “Acción por el Clima” y, entre sus metas, insta a los Estados a “incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales” (13.2); y “mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana” (13.3).

Por su parte, el Objetivo de Desarrollo Sostenible N° 15, orientado a la promoción de la “Vida de Ecosistemas Terrestres”, contempla, entre sus metas, la de “velar por la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y los servicios que proporcionan, en particular los bosques, los humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales” (15.1); junto con la de “promover la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel mundial” (15.2).

Entonces, a partir del diagnóstico global, y las acciones que comportan compromisos internacionales por parte del Estado Nacional, y las entidades subnacionales (provincias y municipios), resulta indispensable trabajar en una agenda verde, que promueva la forestación como un método central y concomitante en relación a la reducción del impacto de emanaciones de GEI. Para ello, resultan importantes los aportes de Akira Miyawaki, en materia de microbosques. “Miyawaki es especialista en ecología vegetal y semillas. Ha plantado más de 40 millones de árboles por todo el mundo. Cartografiando la vegetación para estudiar el impacto ambiental y marcar corredores biológicos”, expresa la Página Eco Inventos.

Quienes han recogido las enseñanzas de Miyawaki, dan cuenta que los microbosques pueden crecer en 10 o 20 años, contra los entre 200 y 300 años que demora un bosque natural. Dichas plantaciones adquieren niveles de densidad forestal en menor tiempo, como se ha dicho, y absorben gran parte de las emanaciones de CO2. El tamaño mínimo recomendado son superficies de 4 por 3 metros, en los que se plantan en una densidad alta (hasta cuatro especies por metro cuadrado) los árboles, que deben ser autóctonos, de modo tal de promover su pronta adaptación al medio y su crecimiento armónico con el ambiente.

A partir de allí, desde una escala local, se puede aportar a la generación y proliferación de espacios verdes y de superficies arboladas, como forma de unirse a las obligaciones, metas y desafíos en materia ambiental y, como forma de colaboración en la misión de ralentizar las tendencias en materia de cambio climático. A  su vez, existe una tendencia a legislar a partir de considerar a la naturaleza sujeto de derecho. Ello implica dejar atrás la cosmovisión actual, que se afianza sobre una exaltación desmedida de la persona humana (varón y mujer), en la centralidad de la norma, en el Estado y las instituciones y en la propiedad como factor excluyente de ordenamiento jurídico.

Si se evalúan las consecuencias de este modelo a través del tiempo, los resultados adversos de ese sistema se hallan a la vista: la devastación de la especie, del ambiente y de los animales resultan moneda corriente, al punto de poner en riesgo la reproducción de la vida. La crueldad (des)humanizada, la preeminencia de lo humano por sobre el resto de las especies y sobre los biomas y ecosistemas, ha sido (y continúa siendo) la matriz desde donde se aborda el “desarrollo” humano. Así, autores como Yuval Noah Harari dan cuenta de cómo ha impactado el aludido fenómeno cultural y sociológico desde la irrupción de los sapiens en la escena .

Por el contrario, las corrientes del neoconstitucionalismo que receptan el ‘vivir bien’ (sumak kawsay) como pauta teleológica y axiológica, han comenzado a introducir una cosmovisión que apunta a devolver el equilibrio entre varones, mujeres, y sexualidades disidentes, y el entorno en el que habitan, y las especies con quienes coexisten. Las nuevas constituciones de Bolivia y Ecuador permiten visualizar cómo es posible contemporizar la legislación aplicable con objetivos tendientes a preservar el ambiente , los bienes naturales, otras especies y la diversidad cultural.

Frente a ello, juristas y diversos/as activistas, a lo largo y ancho del globo, se encuentran abonando un frondoso debate del que han emergido nuevas categorías . De esta forma, la noción naturaleza en tanto sujeto de derecho, permite introducir una instancia de personalidad, que no refiere a la humana, sino a la jurídica, que se les reconoce a quienes gocen de dicho estatus. Ello habilita, además, la posibilidad de detentar derechos.

Además, la posibilidad de consagrar este nuevo estatus, actúa en línea con la necesaria comprensión que la biodiversidad y su respeto son condición de nuestra propia existencia, de nuestra subsistencia y de una noción de desarrollo que no contenga como contrapartida la devastación. La preservación de la vida, la justicia social y ecológica, debe ser el foco indiscutible y la precondición de toda política pública tendiente al respeto de nuestro entorno.

En esa línea, hemos elaborado un proyecto modelo de ordenanza para el desarrollo a nivel local de microbosques.