Por una participación política libre de violencias y sin discriminación

Por Carolina Atencio *

En el mundo, según datos de la Organización de las Naciones Unidas, algo más de un 20% de los parlamentos nacionales están integrados por mujeres y sólo un 18% de los cargos ministeriales del mundo están ocupados por mujeres.

En Argentina, si bien la participación política femenina es comparativamente más alta que en otros países de la región, producto de medidas afirmativas específicas de alto impacto, los desafíos pendientes en términos de igualdad sustantiva en la participación son significativos.

Sin embargo, alcanzar la paridad sustantiva no implica simplemente objetivos de igualdad numérica sino que se vincula con criterios de participación igualitaria en relación con la calidad de esa participación. En este sentido, resulta importante poner el foco en una problemática que afecta significativamente la vida de las mujeres y que, en la actualidad, se encuentra invisibilizada y ausente de respuestas, en un contexto en el que la agenda de género ha cobrado un rol muy preponderante en la agenda pública y política de nuestro país.

Se trata de la violencia política ejercida contra las mujeres en razón de su género la que es definida por ONU Mujeres como “acciones, conductas y/o agresiones físicas, psicológicas, sexuales cometidas por una persona o grupo de personas, directamente o a través de terceros, en contra de las mujeres candidatas, electas, designadas o en ejercicio de la función político – pública, o en contra de su familia, para acortar, suspender, impedir o restringir el ejercicio de su cargo o para inducirla u obligarla a que realice, en contra de su voluntad, una acción o incurra en una omisión, en el cumplimiento de sus funciones o en el ejercicio de sus derechos”.

Resulta importante destacar que la legislación de protección integral en materia de violencia contra las mujeres, Ley 26.485 “de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales” no da cuenta entre los tipos y modalidades de violencia que describe, de aquella que ocurre en el ámbito de la política, acerca de cuya existencia y alcances hay robusta evidencia.

En ese sentido, es dable destacar el informe “Participación Política de las Mujeres y relación con violencias basadas en género”, publicado en el año 2016 por ONU mujeres, o la investigación realizada por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género titulada “Violencia política contra las mujeres en Argentina: experiencias en primera persona”, en la que se concluye que la violencia política contra las mujeres es un problema ampliamente extendido, toda vez que 8 de cada 10 encuestadas afirmaron haber vivido situaciones de violencia de género a lo largo de sus carreras políticas.

Por otro lado, el mismo informe destaca que el 98% de las mujeres encuestadas identificaron el ámbito político como un espacio donde persiste la discriminación contra las mujeres  y que en la mayoría de los casos, la agresión proviene de varones.

En este marco, resulta de vital gravitación trabajar para dar visibilidad y reconocimiento a la problemática con la finalidad de enmarcarla en un cuerpo legal, así como también producir información pública fiable, oportuna y de calidad que permita identificar situaciones e informar la toma de decisiones en la materia.

La búsqueda de mayores estándares de igualdad entre los géneros debe comenzar por el reconocimiento formal de las problemáticas que le dan origen. En este sentido, trabajar en la generación de condiciones habilitantes para el ejercicio de la política se presenta como condición necesaria para garantizar el Derecho de las mujeres a participar en política y a ejercer una vida libre de violencias.

El cambio hacia una vida social y política más igualitaria y libre de violencias supone grandes esfuerzos culturales y compromiso político sustantivo. Para ello es necesario transversalizar la perspectiva de género en todos los ámbitos de la vida y trabajar para dar respuestas a todas las aristas que el complejo entramado de la desigualdad supone.

*Directora Ejecutiva CEG La Plata