Por Agustina González Ceuninck *
La evocación a las políticas de transparencia en la gestión apareció como un eje común y vertebrador entre los discursos de apertura de sesiones del Presidente Mauricio Macri, la Gobernadora María Eugenia Vidal y el Intendente Julio Garro.
La coincidencia opera asimismo como interrogante, toda vez que los hitos presentados (“decir la verdad”, “modernizar el Estado” y saber “qué se hace con el dinero de los argentinos”) fueron enunciados en tono de slogan de campaña, lo que invita a cuestionarnos si se trató simplemente de retórica o en efecto mantienen un correlato anclado en los hechos.
Claro que hablar en clave de transparencia y mostrar intensiones de ser un gobierno abierto a mecanismos de rendición de cuentas, resulta efectivo. Máxime, considerándolo en el contexto de un país que no logra salir de la encrucijada, a estas alturas estructural, que vincula a la corrupción con la política y su dirigencia, en creciente descrédito y cuyas denuncias cruzadas circulan abiertamente en el espacio público.
Por lo tanto, que al menos en el plano enunciativo se pondere la necesidad de avanzar hacia esquemas de gestión más transparentes es alentador y contribuye al combate de la opacidad. En paralelo, proyecta una imagen moderna, ya que incorpora demandas y debates actuales en torno a la profundización de la democracia.
Ahora bien, ¿cuáles fueron los puntos nodales, vinculados a la agenda de transparencia, esgrimidos en los respectivos discursos? Podemos mencionar principalmente tres cuestiones:
“Hoy hay un equipo que gobierna pensando en el largo plazo, que dice la verdad, que pone los problemas sobre la mesa, que transparenta el valor de las cosas, y que asume la inflación, la pobreza y la inseguridad. Que le devolvió al INDEC su prestigio y credibilidad, y que rinde cuentas.” (Mauricio Macri, 2019)
Esta cuestión fue tratada con especial importancia en los tres casos. El énfasis estuvo dado en el pregonado cambio efectuado respecto a la manipulación de datos con la que, sobre todo en el discurso de Mauricio Macri, se caracterizó a la administración anterior.
“No tener tecnología y sistemas que centralicen a dónde iban los recursos no fue casualidad. La oscuridad y la falta de transparencia facilitaban que hubiera negocios… Modernizar la administración no solo significa que sea más ágil y accesible para los vecinos, también es que sea más transparente.” (María Eugenia Vidal, 2019)
Los temas de modernización aparecen principalmente en el discurso presidencial y en el de la Gobernadora. El acento estuvo dado en exaltar el proceso de digitalización de expedientes y de trámites, hechos que, de acuerdo a lo expresado, apuntan a objetivos como la transparencia, la accesibilidad y la agilidad en los trámites.
“Desde el primer día transparentamos las licitaciones públicas y ahora figuran en la web del municipio para que todos los vecinos puedan consultarlas. Y desde el año pasado, todos los funcionarios estamos obligados a mostrar nuestro patrimonio, haciéndolo público… Para que nadie tenga dudas sobre la administración y el cuidado de los recursos de los vecinos.” (Julio Garro, 2019)
Vemos entonces como surge la temática rendición de cuentas vinculada, sobre todo, a la publicación de las declaraciones juradas, es decir, a la publicación de información respecto del patrimonio de funcionarios, funcionarias y representantes. La frase que refiere a saber “qué se hace con el dinero de los argentinos”, pertenece al Presidente, quien incluso en su discurso instó a gobernadores e intendentes a impulsar el programa de Gobierno Abierto.
Insistimos entones en el aspecto positivo de concientizar sobre estos temas y que surjan, al menos, en el plano enunciativo.
Es justamente en este plano en el que se resaltó la importancia de “decir la verdad”, que podamos contar con instrumentos fiables desde donde extraer datos certeros sobre distintos aspectos que afectan nuestra cotidianeidad. Sin embargo, los discursos en cuestión, obviaron mencionarlos. Puntualizar en los aspectos positivos de la gestión es esperable, pero evadir las estadísticas e indicadores que dan cuenta de los problemas por los que atraviesa nuestro país, nuestra provincia y nuestra ciudad, datos que por cierto arrojan las cifras oficiales y, por ende, circulan en los debates y en el universo de la información accesible a la ciudadanía; no mencionarlos cuando en efecto se dice estar hablando desde “la verdad”, resulta una verdad a medias, sobre la que es mejor no hablar.
Si en palabras del propio Presidente, hoy contamos con un gobierno “que asume la inflación, la pobreza y la inseguridad” ¿cuáles son entonces los índices y cuáles las medidas que los respectivos equipos de gestión prevén para solucionar las problemáticas que arrojan las mediciones oficiales? ¿no sería de hecho coherente que esa verdad estuviera expresada en la comunicación y en los discursos oficiales? Al parecer, las y los ciudadanos deberán indagar en las complejas bases de Indec para acceder a esa información.
Puntualizar solo los aspectos positivos, obviando la otra verdad, pone en tensión las dimensiones verdad-discurso y da lugar a esquemas de posverdad que refuerzan el descrédito del sistema político.
Respecto a los temas vinculados a la “modernización del Estado”, es verdaderamente auspicioso el proceso de digitalización de la información pública que se ha desarrollado en la administración, alienta la despapelización y promueve que la información esté efectivamente al alcance de todos y de todas. Pero no será suficiente en tanto dicha política no sea acompañada por mayores esfuerzos que apunten a la reducción de la brecha digital y al incremento en la accesibilidad de colectivos excluidos de aquella digitalización.
Finalmente, para saber efectivamente “qué se hace con el dinero de los argentinos”, se necesita mucho más que la publicación de las declaraciones juradas de funcionarios/as y representantes, medida por cierto aplaudible. En reiteradas ocasiones hemos puntualizado que en el caso, por ejemplo, de la Municipalidad de La Plata, el presupuesto aprobado y publicado cada año no tiene su correlato en la evaluación de resultados (impacto presupuestario). Por lo tanto, las y los ciudadanos no contamos con una información completa que nos permita saber a ciencia cierta si el dinero efectivamente se gastó en los previstos o no, y en su defecto, a dónde fue orientado, como así tampoco si la erogación destinada a determinados fines efectivamente cumplió con los resultados programados.
En síntesis, el camino hacia la creación de una cultura de la transparencia y el ejercicio efectivo del derecho a la información pública por parte de las y los ciudadanos, es un camino largo, que afortunadamente se cristaliza en la agenda y en los discursos y en cuyo tránsito se han desarrollado avances importantes, pero en el que aún queda mucho por hacer, no solamente por parte de nuestros/as representantes, sino también en el reclamo activo por parte de la ciudadanía.
*Directora de Desarrollo Institucional CEG La Plata